Una histórica decisión tomada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) da por terminado el régimen tarifario especial que desde 2019 castigaba económicamente a millones de usuarios del Caribe colombiano. La medida es el resultado de una acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, que fue fallada a su favor por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
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En cumplimiento del fallo, la Creg aprobó en su sesión del 30 de mayo una reformulación definitiva del componente de comercialización de energía, lo que reducirá, según estimaciones oficiales, en $54 por kilovatio hora el costo de la factura mensual que pagan 2,7 millones de usuarios de Air-e en la región.
'Se acaban los abusos': personeros
“Les cumplimos a la gente del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”, celebraron Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla, y Edwar Orozco, de Santa Marta.
Miguel Alzate Salcedo, personero de Barranquilla. Foto:Kronos
La decisión de la Creg deja sin efecto cobros considerados injustos, como el 20% adicional en gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM), y los valores relacionados con pérdidas no técnicas, conocidas como robo de energía que eran trasladados al usuario.
También se elimina un sobrecosto de 300 puntos básicos de cartera incluidos en la fórmula tarifaria para la Costa.
Con esta medida, los usuarios de Air-e dejarán de pagar aproximadamente $282.000 millones al año. Por su parte, los usuarios de Afinia, en departamentos como Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, también se beneficiarán con una reducción estimada de $23 por kilovatio hora y un ahorro anual cercano a los $114.000 millones.
A nivel nacional, la reformulación del componente de comercialización representa un ahorro cercano al billón de pesos anuales para todos los usuarios del servicio eléctrico.
Afinia es la otra empresa que presta el servicio en la costa. Foto:Afinia
La decisión también marca el cierre definitivo del régimen transitorio especial impuesto en 2019, considerado discriminatorio por sus consecuencias sociales y económicas en el Caribe.
Lo que ordena el fallo
Desde el gobierno de Iván Duque en 2022, las tarifas comenzaron a subir de manera sostenida, afectando el acceso a un servicio esencial, lo que motivó la acción judicial de los personeros Alzate, Orozco y Deluque.
Además del ajuste en el componente de comercialización, la Creg ha tomado una serie de medidas desde 2024 para cumplir con el fallo del Tribunal del Atlántico, entre ellas:
- Flexibilización de inversiones para operadores que cumplan metas de calidad.
- Convocatoria de subastas de Obligaciones de Energía Firme.
- Revisión de precios del Cargo por Confiabilidad.
- Facilitación de excedentes por parte de autogeneradores.
- Nuevas reglas para contratos de largo plazo que reduzcan compras en bolsa.
Los personeros agradecieron el respaldo de entidades como la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, el Comité Intergremial del Atlántico y congresistas costeños, entre otros actores clave.
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“Este fue un importante ejercicio de unidad en favor de toda la Costa”, enfatizaron. El desafío ahora, concluyeron, es que el Gobierno Nacional garantice la continuidad del servicio de energía en medio de la crisis financiera de Air-e.
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