Abecé del estado de conmoción de interior en Catatumbo: ¿Qué viene tras publicación del decreto del gobierno Petro?

Cinco días después de que el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de Estado de conmoción interior ante la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo por cuenta de la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, que ya deja más de 40.000 desplazados, el Gobierno Nacional expidió el decreto que oficializa la figura.

Tal y como se había mencionado, la figura aplica para los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Bari y Catalaura La Gabarra,  así como el área metropolitana de Cúcuta (Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander), además de Río de Oro y González, de Cesar. Esos dos últimos se incluyeron por ser receptores de desplazados.

Fue una semana de intenso trabajo en la Casa de Nariño, donde el equipo jurídico trabajó para blindar el decreto y evitar un revés en la Corte Constitucional, que verificará si la declaratoria cumple con los requisitos establecidos por la Carta Política.

Precisamente fue una de esas las razones por las cuales se tomó la decisión de no tener en cuenta a Arauca, de donde salieron los guerrilleros que hoy son los responsables de la barbarie –este viernes el presidente Petro los acusó de estar violando el Derecho Internacional Humanitario–. Pero al considerar que no se cumplían con las causales del estado de conmoción, se prefirió dejar por fuera este departamento.

Y es que en Arauca, contrario a lo que sucede en el Catatumbo, no hay una “grave perturbación en el orden público”, como dice el artículo 213 de la Constitución, que consagra el estado de conmoción interior.

Lo que dice el decreto de estado de conmoción interior en el Catatumbo 

“En atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la región del Catatumbo, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, dice el documento firmado por todos los ministros o encargados de carteras, pues la crisis se da en medio del remezón ministerial.

Pero la emisión del decreto no significa que ya el Gobierno tenga todas las herramientas para hacerle frente a la crisis humanitaria. Lo que viene ahora es que el Ejecutivo emita, en un plazo de 90 días, prorrogables hasta dos veces más, nuevos decretos que le permitirán no solo actuar con mayor contundencia contra los ilegales sino atender a las víctimas con mayor eficacia.

Se contempla, incluso, crear nuevos impuestos ya que se espera invertir en la región hasta 4,3 billones. “La insuficiencia de medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior exige que el Gobierno Nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva y faculte a las entidades territoriales para que en el marco de la autonomía puedan hacer lo pertinente”, dice el decreto 0062 del 2025.

Asimismo, se podrá intervenir en la libre circulación y reunión, así como desplegar pie de fuerza y fortalecer el gasto militar en el control de la infraestructura. Se espera incluso que haya énfasis en la protección de la red eléctrica y los oleoductos petroleros, blancos habituales de los atentados guerrilleros del Eln.

Pero sigue habiendo serias dudas sobre si ese decreto cumple con los requisitos de la ley y hay opiniones encontradas entre los expertos.

Opiniones de los expertos sobre el estado de conmoción

“No se cumple con los presupuestos para la declaratoria de conmoción. Cuando la Corte ejerza su control, realizará un test de necesidad fáctica y jurídica en la que establecerá si las medidas ordinarias que habilitan a la Policía y la Fuerza Pública son suficientes para atender la emergencia, el cual es muy probable que pierda. A todas luces hubiese podido el Gobierno enviar al Ejército a hacer frente a esa crisis con los mecanismos ordinarios”, opinó el constitucionalista Germán Calderón.

En la misma línea se pronunció el académico Juan Carlos Ospina, quien argumentó que existe leyes suficientes para atender una emergencia como esta.

“La conmoción interior es un error porque nos devuelve al menos dos décadas en una discusión que parecía cerrada sobre la atención del conflicto armado. Ni el conflicto armado de seis décadas ni la ausencia del Estado en las regiones son excepcionales, hay suficientes normas ordinarias para hacer frente a estas situaciones. Se requiere gestión y hacer realidad las normas ordinarias, no más normas excepcionales”, afirmó.

Mientras que Yessica Hoyos, directora del colectivo de abogados Cajar, insiste en que es necesario: “Históricamente, los estados de conmoción interior han conllevado a diferentes violaciones a los derechos humanos. Por tanto, creemos que existen medios ordinarios que pueden ayudar a conjurar la crisis que se está viviendo en el Catatumbo. Esta solución no debe darse solamente con el aumento de la militarización, sino con una presencia total del Estado que aún no se ha cumplido”.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, salió a respaldar la decisión y envió un parte de tranquilidad sobre la constitucionalidad del documento: "¿Por qué no se pudieron atender de manera ordinaria? Porque al aumentar el nivel de la perturbación del orden público, es necesario movilizar recursos humanos, institucionales, funcionales y de otra naturaleza para atender el desplazamiento masivo de más de 36 mil personas. Este incremento genera una situación anómala y, además, inversa a lo que se esperaba, ya que el Eln tenía una mesa de negociación", expuso la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

El Congreso ya se alista para sesión especial: el martes será la cita

Mientras tanto, ya el Congreso fue citado para evaluar el decreto en lo que se denomina sesiones especiales. El Senado, que dirige el conservador Efraín Cepeda, se reunirá el martes a las 3 de la tarde mientras que la Cámara, en cabeza de Jaime Raúl Salamanca, de Alianza Verde, a las 10 de la mañana.

El propósito del Legislativo es discutir la pertinencia de esa declaratoria de conmoción y máximo en 15 días debe de emitir un concepto.

“Vamos a analizar la convocatoria, los decretos, el informe del Gobierno Nacional. Seremos control político y cada cámara tiene 15 días para un pronunciamiento de fondo. Estamos en ese marco, cumpliendo con la Constitución, la ley y la facultad del control político del Congreso”, señaló el senador Cepeda, quien en entrevista con Blu Radio aseveró que están revisando si el Legislativo puede tomar alguna decisión al respecto. Sin embargo, la Constitución deja claro que el Congreso solo emitirá un concepto no vinculante.

Quien sí tomará una decisión de fondo será la Corte Constitucional, que en octubre del 2023 tumbó la emergencia económica decretada para La Guajira. Será, entonces, una vez más el alto tribunal donde el Gobierno se juegue su última carta y ya el presidente Petro, cuando anunció la conmoción dijo que “espero del poder judicial su apoyo”.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política - Con información de Justicia