Abecé de las consultas populares convocadas por el presidente Petro para sus reformas

La decisión de 8 de los 14 senadores de la Comisión VII de apoyar la ponencia negativa de la reforma laboral del Gobierno, lo que implicaba su virtual hundimiento, fue respondida ayer por el presidente Gustavo Petro con el anuncio de que retirará ese proyecto y la reforma de la salud y convocará a los colombianos a una consulta popular.

Según el jefe de Estado, que realizó ayer un pronunciamiento y alocución en el mismo sentido, la decisión de los senadores –que es legítima en el marco de la separación de poderes en las democracias– corresponde al supuesto “bloqueo institucional” que su administración, según su relato, viene sufriendo por parte del Legislativo y de las cortes. 

“El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud (...). Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado (...). No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no”, aseguró Petro.

La consulta es uno de los mecanismos de participación popular contemplados en la Constitución del 91. El último antecedente fue el de la consulta anticorrupción convocada en el 2018 por Claudia López, que fue aprobada por la inmensa mayoría de los votantes, pero que no pasó el umbral mínimo de participación: la tercera parte del censo electoral, que en ese momento era de 36,4 millones de ciudadanos habilitados para votar. Finalmente llegaron a las urnas 11’671.420 personas.

La ley permite que el Gobierno acuda a la consulta, siempre y cuando siga los pasos establecidos en la ley. Y el siguiente, una vez se produzca el acto administrativo de convocatoria, es que la plenaria del Senado le dé el aval.

En la Cámara Alta, donde precisamente acaba de naufragar la reforma laboral, el Gobierno no tiene las mayorías aseguradas, a diferencia de la Cámara de Representantes. Así que, y también sería una decisión legítima, la plenaria podría decirle no a la idea de la consulta.

“No solo no se justifica la convocatoria de una consulta, sino que además se descalifica y se provoca la ruptura de la armonía entre las ramas del poder público por una decisión que forma parte de las libertades de los congresistas. Es una apuesta muy arriesgada, porque medirse popularmente no es fácil; una derrota en esa consulta podría desencadenar una estruendosa derrota en las elecciones al Congreso”, señaló el analista Jairo Libreros en diálogo con EL TIEMPO.

Tanto Libreros como el profesor Pedro Medellín coincidieron en señalar que el presidente Petro aprovecha sus problemas en el Congreso para agitar una bandera política, la de la consulta, en pleno año preelectoral. Incluso, según Medellín, se trataría de una jugada pensando en fortalecer a los candidatos del Pacto Histórico al Congreso, que se elige en marzo del año entrante.

La apuesta, sin embargo, no es sencilla. El censo electoral está en 40’963.370 ciudadanos. Eso implica que al menos 13’650.456 colombianos deberían participar. Y al menos la mitad más uno de esa cifra, 6’827.229 ciudadanos, deberían votar por el sí.

En el 2022, en segunda vuelta, 11’291.987 votos fueron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y en la primera vuelta, poco más de 8,5 millones. Libreros advierte que, de cara a los resultados de las encuestas de los últimos meses, difícilmente el Gobierno podría repetir esas cifras y aproximarse al umbral mínimo de aprobación.

Los costos de esa consulta (en el 2018, esa votación requirió una inversión de 310.000 millones de pesos) en plena época de recesión, y cuando el Gobierno ha intentando meterle tijera al presupuesto de la Organización Electoral, son otro escollo importante.

Además, advierte el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, “en Colombia no se puede someter a consulta popular un texto normativo extenso como el de una reforma de la salud o una reforma laboral que no haya sido aprobada por el Congreso”. Así, el mismo diseño de las preguntas en la consulta podría ser objeto de eventuales demandas ante la Corte Constitucional, si bien la convocatoria no.

Anoche, a pesar de las palabras de Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Ejecutivo no había tomado la decisión definitiva de retirar las reformas.

Sobre la decisión que deberá tomar el Senado en pleno señaló: “Quiero ver si el Senado va a negarle al pueblo pronunciarse sobre las reformas sociales”, dijo Benedetti, que del triunfo en la aprobación de la reforma de la salud en la plenaria de Cámara, hace menos de una semana, pasó a ser el gran derrotado en el Congreso. En efecto, se suponía que su llegada al Ministerio del Interior iba a aceitar la aplanadora oficialista en el Congreso, mucho más después de los ajustes en el gabinete y la burocracia ministerial.

El Presidente habla de un supuesto bloqueo institucional a pesar de que el Congreso sí le ha aprobado reformas. Por ejemplo, en junio del 2024 se dio luz verde a la reforma pensional, que hoy está en manos de la Corte Constitucional. Además, se le aprobó en su momento la creación del Ministerio de Igualdad e incluso cuando se inició el gobierno se dio luz verde a la reforma tributaria más ambiciosa en la historia reciente del país.

La consulta popular es el tercer mecanismo de participación popular que entra en el discurso del Gobierno. Una constituyente y los cabildos populares ya habían sido planteados, aunque al final sin concretarse, por Petro. 

REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA