El sector de la vivienda atraviesa un año complicado, pues las ventas no levantan cabeza y, según el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, las recientes medidas arancelarias a productos importados de hierro, acero y aluminio, así como la reducción de subsidios del programa Mi Casa Ya para el próximo año, complicarían aún más las cosas. En entrevista con EL TIEMPO, el líder gremial hace un llamado al Gobierno para que se tomen medidas urgentes que eviten la pérdida masiva de empleos.
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¿Cómo van las ventas de vivienda nueva?
En agosto hubo un leve repunte, pero un mes después volvieron a caer al registrar una contracción anual de 15,6 por ciento. De hecho, ha sido el peor septiembre en más de 10 años y las caídas estuvieron lideradas por el segmento no VIS (-33 por ciento). En lo corrido de este año, vemos que está siendo peor que en el 2023, que ya fue malo: se han vendido 106.400 viviendas, una cifra menor a las 107.000 del año pasado debido a que la disposición de los hogares a comprar ha venido bajando.
¿Cuáles son las expectativas de cierre de año?
Las ventas serían similares a las registradas en el 2023. Hay que resaltar que el sector de la construcción es hoy en día un 43 por ciento más pequeño de lo que era hace dos años.
¿Y no les ha ayudado la bajada de las tasas de interés?
El Pacto por el Crédito ha generado un movimiento importante debido a que hay una gran acumulación de inventarios en el país, de viviendas que ya están construidas y que están en la fase de entrega. Sabemos que el desembolso se da a finales, es decir, estamos hablando de viviendas que seguramente se lanzaron desde el 2020. Sin embargo, para avanzar se requiere que las tasas se mantengan bajas y que estén los 50.000 subsidios del programa del Gobierno Mi Casa Ya. Ahí está el gran problema.
¿Cuántos subsidios se entregarían el próximo año?
Nos preocupa que para el próximo año vamos a pasar de los 50.000 subsidios actuales a unos 20.500. Además, cerca de 6.000 ya se encuentran preasignados. En el borrador del Presupuesto General de la Nación hay una disminución de 39 por ciento en la inversión del Fondo Nacional de Vivienda, lo que claramente va a afectar la disponibilidad de subsidios de Mi Casa Ya para acceder a compra nueva.
¿Esta situación podría llegar a aumentar los desistimientos?
Absolutamente, si esto no se resuelve y no hay un plan el próximo año podríamos alcanzar los 49.000 desistimientos, algo que nunca se había registrado. Entre 2021 y 2022, el nivel se había ubicado en alrededor de los 12.000. En el 2023, con los cambios en Mi Casa Ya y las subidas en las tasas los VIS llegaron a 32.400. Y este año el ritmo venía bajando por cuenta de las mejores condiciones, pero ante un recorte del presupuesto estimamos que en el 2025 podrían llegar a los 42.016 en la VIS. En el mercado total, sumando VIS y No VIS tendríamos un nivel del orden de los 49.000. Además, toda esta situación podría llevar a que el ritmo de inicios de obra se ubique por debajo de las 55.000 VIS el próximo año, un nivel cercano al observado entre 2010 y 2011.
¿Y cómo piensa que les afectarán las recientes medidas arancelarias que ha implementado el Gobierno?
Las medidas a la importación de barras corrugadas, alambrón, aluminio y acero que ha implementado el Gobierno no son convenientes. Estas impactarán los costos de la industria e inviabilizarán proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta. Incluso, pueden ser contraproducentes para toda la economía nacional porque si el sector de la construcción se deprime más, va a seguir generando un impacto en toda la cadena del país, ya que la construcción alimenta a otros 34 subsectores económicos.
¿Qué tanto podría afectar al resto?
Por ejemplo, en el 2022 se vendieron 250.000 viviendas y ese año la producción del sector fue de 82 billones de pesos. Ese es el tamaño de la industria. De ellos, 54 billones de pesos es el consumo intermedio, lo que este sector les compró a los otros 34 subsectores y, de ahí, 40 billones de pesos, el 75 por ciento, se adquirió de la industria nacional. Ahí compramos concreto, cemento, ladrillos, acero, plástico, madera, caucho, vidrio, aluminio, incluso botas para los operarios de la construcción. Por tanto, estas medidas les afectarían a todos estos subsectores.
¿Cuánto podrían llegar a subir los costos por estas medidas?
Todo depende del proyecto, pues la proporción de consumo va variando en función de si es una casa, una torre de 6 o de 14 pisos, pero en un índice aproximado calculamos que estos aranceles pueden llegar a impactar el costo de producción en un 3 por ciento. Hoy los proyectos están andando sobre unos niveles de rentabilidad muy bajos y no podrían asumir este tipo de sobrecostos.
El Ministerio de Comercio dice que están adelantando un estudio de viabilidad para la puesta en marcha de una planta de aceros planos en el país, ¿qué le parece?
Considero que esta industria no demanda en gran cantidad aceros planos. Básicamente barras corrugadas, aluminio y alambrón. Eso tiene un peso importante en el costo de producción de vivienda.
En medio de esta coyuntura, ¿qué le pide al Gobierno?
El sector necesita un plan de reactivación urgente. Por ello, hemos lanzado un SOS al Gobierno para que por fin pueda definir uno. En los últimos meses ha habido por lo menos 12 anuncios, pero no se han materializado. Si no se hace nada, en el 2025 el sector va a seguir contrayéndose, lo que va a repercutir en el empleo y en otros sectores de la economía. De hecho, ya está pasando, pues la construcción ha liderado la pérdida de empleo en los últimos meses. Solo en agosto se destruyeron 84.000 empleos y cerca de 47.000 de ellos eran obreros y oficiales, es decir, que se está afectando a las familias.
Se han presentado quejas de personas a las constructoras por supuestos incumplimientos. ¿Hay más retrasos?
En esta coyuntura económica, muchos proyectos han tenido que enfrentar grandes retos para terminar su construcción. El año pasado tuvimos un récord en cancelación de etapas de proyectos que no se podían construir precisamente porque los cierres financieros y la condición de financiamiento de los proyectos varió mucho con las políticas del Gobierno y el incremento en el costo de crédito, tanto para construir como para comprar. Entonces, sí, la mayoría de los proyectos han enfrentado grandes dificultades. La actividad está regulada y vigilada. Lo importante es la responsabilidad con que las empresas les cuenten a los compradores sobre las condiciones que se están dando.