Además de reajustar los presupuestos de operación para el próximo año por la tributaria, empresas analizan interponer querellas a nivel nacional e internacional.

El panorama del sector petrolero en Colombia a corto y mediano plazo no está del todo despejado. Y la nueva política energética del presidente de la República, Gustavo Petro, tiene con las alarmas prendidas a la industria de los hidrocarburos.

La reforma tributaria, el acuerdo de Escazú y la postura ambientalista con tesis de frenar la extracción de crudo y gas natural por parte de varios ministros del gabinete, no solo está llevando a las empresas petroleras privadas a reajustar con grandes recortes los presupuestos de inversión para el 2023 y 2024, también están alistando los respectivos equipos jurídicos para hacerle frente a la nueva coyuntura del sector trazada por el Gobierno Nacional.

Y es que no solo lo que sucede en la actualidad está llevando a las petroleras a recalcular sus números para la operación a futuro por la tributaria, sino que además están explorando la posibilidad de adelantar demandas en tribunales nacionales por los efectos que les deja la reforma fiscal, y en los internacionales por el cambio en las reglas de juego en materia de inversión.

El tema, aunque no hizo parte de la agenda de la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía que se realizó en días pasados en Bogotá, sí fue ventilado con mucha insistencia en los pasillos del lugar donde se realizó el evento por parte del gremio del sector, así como de algunas de las empresas privadas extranjeras que hicieron presencia.

El primero en hacer la advertencia fue el propio líder de la industria, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), quien señaló que si el Gobierno Nacional no flexibiliza la postura frente al sector de hidrocarburos y mejora las condiciones, las empresas petroleras privadas contemplarían irse del país.

“Hay empresas que sin duda alguna van a desinvertir salvo de que haya una claridad en el panorama, una claridad en la política energética del Gobierno Nacional y cómo este pretende realizar esa transición energética”, señaló el líder gremial.

Lloreda agregó que por la actual coyuntura, sumada a la política antipetrolera del presidente Gustavo Petro, las empresas del sector están recalculando las inversiones para el 2023 la cuales serán ligeramente menores a las que se trazaron para el presente año y que son por US$4.000 millones.

“La tributaria golpea de manera excesiva a la industria, ya que establece una sobretasa de hasta el 15 %, que variará según el precio internacional del barril de petróleo, además de prohibir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, lo que está llevando a las compañías agremiadas en la ACP a examinar distintos escenarios para determinar cuál será el actuar frente a lo que establece el contenido de esta reforma”, dijo Lloreda.

Malestar en las privadas

Al indagar con las petroleras privadas con operación en Colombia sobre las tareas para el 2023, no solo expresaron el malestar con respecto al desarrollo de la misma actividad y cómo quedó la carga impositiva para la industria dentro de la tributaria, sino además reiteraron que derivado de la reforma no les queda más camino que comenzar a reajustar las inversiones del próximo año.

Sin embargo, dejaron en claro, que continuarán con las actividades en Colombia hasta cuando la misma viabilidad en los costos de operación y la rentabilidad del negocio lo permitan.

Ese es el caso de la multinacional canadiense Frontera Energy, cuyo CEO Orlando Cabrales Segovia afirmó que es claro que la reforma tributaria tendrá un impacto sobre las empresas del sector ya que se les aumentará la tasa efectiva de tributación a niveles cercanos al 85%, que es muy alto en comparación con países como Guyana que no pasa del 50%.

“En este momento estamos revisando el plan de inversiones del próximo año y lo estamos reajustando por el impacto de la reforma tributaria y en aproximadamente un mes tendremos ya los nuevos números, en ese momento lo anunciaremos al mercado. Era innecesario el aumento en la carga tributaria para las empresas petroleras”, resalto Cabrales Segovia.

Y frente a posibles acciones legales que pueda emprender Frontera Energy contra la reforma tributaria, el líder empresarial agregó que es un tema que lo están analizando, no solo de forma particular, sino en conjunto con otras empresas del sector. “Se está estudiando a nivel de gremio los pasos a seguir en ese sentido”, dijo.

En una similar situación se encuentra la multinacional británica Gran Tierra Energy, la cual afirma que seguirá con la operación en Colombia, pero con la incertidumbre de mantener el mismo nivel de inversión que viene ejecutando en el 2022.

“Continuaremos con el desarrollo de nuestra actividad en este país cual está representada en 23 bloques porque para nosotros es financieramente viable incluso con rentabilidad, y no hemos considerado cerrar la tarea para irnos a otro país”, señaló Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy.

El líder de la petrolera dejó en claro que siguen trazando el presupuesto de inversión para el 2023, que no puede anunciar un estimativo de cuánto serán los recursos.

“Hasta ahora estamos haciendo los cálculos, incluso los estamos realizando con base en la reforma tributaria. Antes de hacerlos públicos, porque somos una compañía listada en bolsa, presentaremos el proyecto de presupuesto en la casa matriz en Londres”, subrayó Buitrago.

Por su parte, Charle Gamba, CEO de Canacol Energy, señaló que no es la primera vez en la historia reciente del país que no se firmaron nuevos contratos petroleros en el país, ya que esta situación ocurrió en el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Sin embargo, dejó en claro que las condiciones para el desarrollo de la operación en ese momento se mantuvieron favorables.

“La estructura tributaria fue benigna con las empresas petroleras, y una situación muy diferente está sucediendo hoy día, ya que la reforma tributaria obligaría a buscar inversiones rentables en otros países”, dijo el líder de Canacol.

Gamba precisó que las grandes petroleras como la que dirige seguirán con la operación en Colombia, hasta donde la misma rentabilidad de la operación lo permita, pero dejó en claro que “las empresas pequeñas no podrán sobrevivir ante una tasa alta en impuestos”.

“No solo habrá que ajustar las inversiones, sino que el desarrollo de la actividad se verá muy limitado”, advirtió.

Bienes y servicios en jaque

Pero el panorama difuso de la operación petrolera no solo afecta a las empresas que desarrollan esta actividad en el país, también deja mal paradas a las compañías de bienes y servicios que apoyan a esta industria.

Al respecto, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), gremio que reúne a las 144 empresas de este segmento, estiman que para el 2023 se reducirá significativamente el flujo de caja de las petroleras lo que se deriva en un decrecimiento en la capacidad de inversión, que al final termina recortando a las compañías de bienes y servicios que prestan apoyo en la operación.

“En un marco global de competencia por capitales, afectará la competitividad del país. Se impactarán gravemente los encadenamientos productivos y compras locales como el transporte, alimentación y hospedaje, entre otros.”, señaló Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.

Así mismo, el líder gremial indicó que la disminución de la actividad petrolera conllevaría a una contracción en el empleo en las regiones (donde por cada puesto de trabajo directo se generan 5,5 indirectos) lo que terminaría por afectar a más de 650.000 colombianos.

“Además impactaría los niveles de competitividad y de percepción para hacer negocios en Colombia, por lo que las regiones sufrirán directamente las consecuencias”, resaltó.

Y reiteró que a la vuelta de uno o dos años los recursos para ejecutar inversiones de las empresas petroleras por parte de las compañías de bienes y servicios serían mucho menor a los US$5.200 millones estimado para 2022, (cerca de $24,4 billones) en toda la cadena de valor.

85%

es la tasa efectiva de tributación que pagarían las petroleras en Colombia.

50%

es la tasa efectiva de tributación de las empresas petroleras en Guyana

4.000

millones de dólares son las inversiones de las empresas petroleras para 2022.

¿qué sigue? “El no firmar contratos, no está escrito en piedra”: ANH

Andrés Bitar, presidente (e) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), afirmó que “la decisión de no firmar nuevos contratos petroleros no está escrito en piedra, y está siendo analizada por distintas entidades del Gobierno, incluidos los ministerios de Minas y Energía, y Hacienda.

“Ahí la puerta está abierta y las empresas y gremios juegan un papel importante en esta discusión. Se espera que la mesa sectorial que aborda esos puntos pueda dar prontas noticias”, dijo el funcionario.

Con respecto a los 35 contratos que están suspendidos, Bitar recalcó se están examinando cada uno de los convenios para determinar “cuáles de ellos podemos reactivar y esperamos estar finalizando esa revisión de acá a que culmine el año y a inicios del 2023 establecer cuáles se pueden descongelar”.

Así mismo, recalcó que las empresas del sector como Hocol, Ecopetrol, GeoPark, Exxon, Petrobras y Frontera tienen bloques suspendidos.

Alfonso López Suárez

Periodista de economía de El Colombiano. Lector de Gabo, adicto a la música de los 80´s y amante del buen periodismo.