“Las necesidades fisiológicas de los internos se hacían en baldes y botellas de vidrio, era una modalidad de castigo que consistía en esposarlos de manos y pies contra el suelo por días y hasta por semanas, les quitaban el almuerzo, la cena”, dijo el fiscal tercero especializado EDA en audiencia.
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Continuó relatando: “Otro de los castigos consistía en llevarlos a una placa en un tercer nivel de la fundación donde quedaban completamente a la intemperie expuestos al sol, a la lluvia, siempre esposados, sin comida y sin agua, e indicaban que eran víctimas constantes de agresiones físicas por el personal, eran puños, patadas, agresiones con elementos contundentes como bates, palos, cadenas, candados”.
Fue así como las autoridades revelaron lo que sucedió en el interior de ocho fundaciones de supuesta rehabilitación en Bucaramanga y su área metropolitana con personas que tenían dificultades con las sustancias psicoactivas y psiquiátricas. Los detalles de las supuestas torturas, presuntos abusos, maltratos, secuestro, violaciones, inducción a la prostitución, homicidio y acceso carnal violento a los que eran sometidas las víctimas comenzaron a destaparse en el 2021, cuando se hacían motines y la alcaldía recogía evidencias y escuchaba testimonios escabrosos.
Se denominaron las ‘casas de tortura’ debido a que en estos centros no se realizaban precisamente tratamientos humanos para poder rehabilitar a las personas, sino que se presentaba una violación a los derechos de manera aterradora.
Según se pudo conocer, una familia de apellido Blanco creó esta idea de hacer fundaciones para prestar el servicio de ‘ayuda’ a esta población vulnerable, se lucraba con la mensualidad que cobraban, pero lo que se vivía allá era una historia de horror.
Poco a poco, la punta del iceberg se evidenció cuando los constantes motines en dichos centros dejaron ocho muertos y 500 víctimas. Después de tres años se logró la intervención en ocho fundaciones y la captura de 21 personas, de las cuales 11 fueron enviadas a la cárcel.
Según el informe que pudo conocer EL TIEMPO, la familia Blanco ocultaba a los internos con documentos falsos trasladándolos de una fundación a otra por medio de falsas autorizaciones, suplantando a los familiares, ‘drogando a los enfermos e infringiéndoles tratos crueles’.
“Se evidenció un cuarto de reflexión, otro factor de tortura, que correspondía a un espacio de dos por dos metros con rejas donde ingresaban simultáneamente internos con problemas psiquiátricos y de adicción, pese al espacio ingresaba gran cantidad de personas que muchas veces no se podían sentar. También advirtieron de castigos constantes de esposar a los internos bocabajo con los pies amarrados para inmovilizarlos mientras les arrojaban baldados de agua fría”, siguió contando el fiscal tercero especializado EDA en audiencia.
Testimonios del maltrato
Quienes eran ‘rehabilitados’ relataron en su momento, cuando se destapó el escándalo de los muertos, que los internos que no querían obedecer eran sometidos a castigos de una forma abrupta en el cuarto de reflexión, uno encima de otro por varios días y sin ningún espacio para poder realizar sus necesidades y alimentarse.
“Nos tenían esposadas, encerradas en un cuarto de reflexión. Un señor abusaba de una de mis compañeras, nos encerraban en un cuarto pequeño y nos tocaba hacer las necesidades en bolsas por cinco días, era un cuarto que olía a orines, sin colchonetas, una persona duró un mes, no podíamos bañarnos, no había enfermera ni quién hiciera aseo, abusaban de nosotros por dejarnos fumar un cigarrillo”, dicen varias personas que relataban lo que vivieron en esas fundaciones de rehabilitación.
Algo llamativo que dio a conocer en su momento Melissa Franco, exsecretaria del interior de Bucaramanga, es que estas personas también eran ingresadas a la fundación porque les aseguraban que podían transformar su sexualidad.
“Los equipos psicosociales de la administración observaron dos muchachos que indicaron que estaban ahí por ser homosexuales, es decir que esto era un 'proceso de rehabilitación por homosexualismo', nos sorprendió, ellos fueron acompañados, tenían miedo, decían que eran abusados por personas internas de la fundación”, dijo la exfuncionaria.
Franco recordó que cuando hicieron los operativos se dieron cuenta de la escabrosa situación, verificó que había abuelitos a los que tenían escondidos en una pared falsa.
“Nos decían: ‘mi hijo está en otra fundación y eran trasladados a la fuerza y golpeados a otra fundación’, drogaban a pacientes, no les daban comidas, los amarraban, los castigaban, los desnudaban y los metían en agua fría”.
Las fundaciones intervenidas fueron Neurosanar, Bethel, Funcape, No te Rindas, Ríos de Jordán, César Benicio Grimaldos Gómez, Corporación Empresarial y Artesanal Mujeres con Propósito.
Luego del megaoperativo que hicieron Fiscalía y Ejército, personas que permanecían en los centros quedaron desamparadas por un tiempo. Otras fueron trasladadas a otros lugares especializados en psiquiatría como San Camilo e Isnor, en Bucaramanga.
El actual secretario de Desarrollo, Iván Torres, confirmó que estas fundaciones no estaban habilitadas para prestar servicio terapéutico, y las personas en su mayoría, al parecer, habitaban allí en contra de su voluntad.
Finalmente, 10 personas quedaron en libertad y 11 fueron enviadas a la cárcel y deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.
Melissa Múnera Zambrano
Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga