En Córdoba, 15 municipios toman medidas para evitar acciones contra la fuerza pública y las comunidades

hace 1 semana 36

Las administraciones de 15 municipios de Córdoba comenzaron a tomar acciones con el objetivo de evitar que miembros de la fuerza pública y sus habitantes resulten afectados con el llamado plan pistola que lleva en marcha el grupo ilegal Clan del Golfo.

Las medidas tienen que ver con restricciones en la movilidad de las personas en motocicletas, los horarios, el transporte de elementos que puedan resultar perjudiciales para la seguridad y hasta el cierre de playas en las zonas costeras.

El grupo Clan del Golfo ha realizado afectaciones recientes a miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada de Colombia, en diferentes zonas del Departamento, dejando varios uniformados muertos y heridos.

Las principales acciones se han cometido en las zonas rurales de municipios como, Ciénaga de Oro, Chimá, Lorica, La Apartada, Sahagún. San Bernardo del Viento y el mismo Montería.

Debido a la situación de alerta por el accionar delictivo del Clan del Golfo, los municipios donde hay restricciones son: Moñitos, San Bernardo del Viento, Momil, Tierralta, Sahagún, Planeta Rica, Chinú, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montelíbano, Valencia, La Apartada, Pueblo Nuevo, San Carlos y San Andrés de Sotavento.

En la zona rural y área urbana de Ciénaga de Oro, Chimá, Sahagún y La Apartada, fueron asesinados miembros de la Policía Nacional, además de un soldado profesional.

De igual manera tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos en un ataque contra un camión donde se movilizaba la fuerza pública.

A través de la Policía Metropolitana se hacen constantes operativos de seguridad en Montería, con la presencia de igual manera de miembros del Ejército de Colombia.

Las medidas que se han tomado

En jurisdicción de San Bernardo del Viento, en la vía que comunica a la cabecera municipal con Lorica, en el Bajo Sinú cordobés, el grupo Clan del Golfo accionó una carga explosiva cuando pasaba un vehículo con infantes de marina de la Armada Nacional.

Sin embargo, el camión pudo atravesar sin sufrir afectaciones a los militares y menos a los habitantes de las comunidades vecinas.

Sin embargo, el alcalde de San Bernardo del Viento, Nabonazar González Tordecilla emitió el decreto 0157 donde se adoptan medidas con el fin de conservar el orden público.

La primera medida tiene que ver con la restricción del parrillero, hombre, mujer o niño en el horario comprendido entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada del día siguiente.

Así mismo se prohíbe el transporte de elementos como, cilindros de gas, materiales que la delincuencia pueda utilizar para agredir a las personas. Esta restricción va desde las cinco de la tarde, hasta las seis de la mañana del día siguiente.

Fue prohibido además la utilización de drones para cualquier actividad, sin que antes tengan la autorización de la administración municipal.

Cierre de playas

Una de las medidas más fuertes, en especial para el gremio de hoteleros y dueños de cabañas tiene que ver con el cierre temporal de las playas y línea de costa, lo que no permitirá el ingreso al mar de los turistas, desde las seis de la tarde, hasta las seis de la mañana del día siguiente.

“No estamos en una época alta de turistas, pero de igual manara quienes llegan quieren hacer actividades en el mar, lo que afecta en la atención de los visitantes”, manifestaron varios empresarios hoteleros.

El alcalde Nabonazar González restringió además la realización de todo tipo de fiestas y celebraciones que conlleven la presencia masiva de personas. El uso de los pick-up quedó cancelado en toda la zona del municipio.

Las medidas restrictivas son casi iguales para los municipios afectados, pero llama la atención que en Ciénaga de Oro y Chimá, donde un policía y un solado fueron asesinados, no se han tomado acciones por parte de los alcaldes.

Cinco miembros de la fuerza pública han sido asesinados a través del plan pistola, con cinco más heridos.

Las autoridades mantienen la recompensa de 200 millones de pesos para quien de información que conduzca a la captura de los responsables de los atentados en todo el Departamento.