Coronas fúnebres y sufragios, amenazas por desalojar invasiones en Cali

6 dias ago 5
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La inspectora de Policía de la comuna 21, en el oriente de Cali recibió un sufragio, en el cual, se observaban cuatro balas dibujadas y cada  una con los nombres de cuatro funcionarios más. 

Todos ellos están adelantando acciones de desalojos, autorizadas por juzgado y la alcaldía de Cali con acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad.

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Estos funcionarios que están en el barrio Desepaz, en la comuna, vienen adelantando medidas y desalojos por la invasión de unas 550 personas en el sector vulnerable llamado Villa Victoria, a pocos metros del hospital público Isaías Duarte Cancino.

Así mismo, funcionarios con la Policía que trabajan aún en el despeje del jarillón del río Cauca también han sido blanco de amenazas constantes, tanto en este año, como en 2021 y en anteriores.

Pero estas intimidaciones han llegado, inclusive, a la zona rural del corregimiento La Buitrera, en el costado de la ladera. Corresponde a la montaña del suroccidente caleño. 

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Allí, las autoridades y funcionarios recibieron una corona fúnebre, tras los desalojos y reubicaciones de personas que han venido asentadas en un sector de La Reforma, cerca del acueducto del mismo nombre. 

De inmediato, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, salió al paso de las amenazas y las rechazó de forma tajante. 

El subsecretario para Servicios de Accesos a la Justicia del distrito, César Lemos, indicó que hay ocupaciones irregulares de lotes, terrenos y otros predios en alrededores de la laguna El Pondaje, en el distrito de Aguablanca, así como en sectores de Villa Mercedes, Cauquita y Villa Victoria. 

Anotó que se busca ofrecer bienestar a los habitantes de estas zonas, en estos últimos casos, en el oriente de Cali. 

Así mismo, en el jarillón del río Cauca, ese cordón en tierra que fue construido a mitad del siglo pasado para frenar las aguas del cauce, si hay una creciente o desbordamiento, también sigue siendo blanco de amenazas a funcionarios que encabezan su despeje. 

Este fue el antiguo asentamiento en el panorama de ocupación de hace más de siete años, cuando se iniciaba la evacuación de familias que por décadas han vivido en la cresta y en la cara húmeda de aquella barrera de tierra que es el jarillón.

Es por ello que desde casi una década, el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), las Empresas Municipales (Emcali) y el municipio vienen impulsando el Plan Jarillón para reforzar la estructura, si se presentan emergencias invernales, como las de 2010 y 2011 que dejaron a 8.777 familias afectadas.

En septiembre de 2021, en un parpadeo, 1.600 cambuches se instalaron a lo largo de un kilómetro en el jarillón. Pero al tercer día no había moradores.

Desaparecieron sin saber quiénes dieron orden de abandonar el lugar, horas antes de la madrugada del 3 de septiembre, cuando 740 funcionarios con delegados de Alcaldía, Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría llegaron allí, en esa tercera jornada de operativo en lo que era Brisas de un Nuevo Amanecer.

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Esas y otras familias desalojadas que han motivado más amenazas vivían en el jarillón, en sectores como Brisas de un Nuevo Amanecer, donde se ha hecho refuerzo para evitar fisura. El año pasado estaba despejado y volvió a tener ranchos en guadua, tejas, madera y cartón con un sinnúmero de muebles de sala y alcoba, que luego fueron retirados en ese entonces. 

De acuerdo con la Policía y la Secretaría de Justicia, detrás de estos asentamientos ilegales habría manos de organizaciones dudosas con presencia en el Distrito de Aguablanca y en la comuna 21, zonas con las cuales colinda el jarillón, en los límites nororiental y oriental de la capital vallecaucana.

Inclusive, habría bandas delincuenciales que tienen hasta nexos con grupos, entre paramilitares y disidencias que trafican drogas y armas, como lo vienen haciendo en el oriente de Cali, una zona desde la cual se abre paso hacia un corredor en dirección al norte del Cauca, donde está el llamado 'triángulo de la marihuana'.

Estas organizaciones estarían moviendo negocios de venta de terrenos a familias incautas por hasta cuatro millones de pesos por cada lote.

Son estas bandas criminales y delincuenciales, que también tienen presencia en barrios tan vulnerables del distrito de Aguablanca, con sus tres comunas: 13, 14 y 15, tres de las más violentas de la capital vallecaucana y las cuales están dentro de la zona de riesgo de inundaciones por desbordamiento del Cauca, si esta barrera llegara a fracturarse.

Sin embargo, en algunas familias manifestaron que no tienen vínculos con delincuentes y que hay desplazados por la violencia.

“Yo no he venido aquí porque quiero o porque me dejé embaucar. No tengo dinero para pagar arriendo”, dijo una de las personas durante el desalojo.

En aquel septiembre de 2021, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo: “A aquellos que vienen amenazando o a aquellos políticos que hacen promoción del jarillón, quiero decirles que los casos serán trasladados a la Fiscalía General”.

Este loteo de terrenos en el jarillón y en áreas cercanas es una práctica que viene de décadas atrás, tras la construcción del dique en el siglo pasado.

Es así que sectores se formaron en inmediaciones a la zona, inicialmente con conexiones fraudulentas para luego legalizarse en el transcurso de la historia caleña.

CALI

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