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hace 2 semanas
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Autoridades tradicionales indígenas de tres corregimientos de la Alta Guajira, seleccionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la instalación de plantas desalinizadoras, han solicitado a través de un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación actuar con urgencia y prioridad para que se finalice este proyecto que permitirá a cada comunidad acceder a agua potable.
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Los indígenas wayús de los corregimientos de Irraipa, Bahía Honda y Puerto Estrella, en el municipio de Uribia, padecen la falta del recurso hídrico. Piden al presidente Gustavo Petro cumplir con su promesa y con la sentencia 302 de 2017 de la Corte Constitucional.
Este proyecto, valorado en 42 mil millones de pesos, es ejecutado por el Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023 -conformado por Tecnoaguas SAS (que posee más del 70 % del contrato) y la firma Continental- y presenta un avance del 30 por ciento.
Desde abril se encuentra paralizado tras suspenderse el giro de unos 40 mil millones de pesos, luego del escándalo de corrupción en la UNGRD por la compra de carrotanques para La Guajira.
David Rafael Rodríguez Viloria, autoridad tradicional de Irraipa y Kuleslamana, compuesta por 185 comunidades indígenas y representadas en más de 4.000 habitantes, es uno de los firmantes de la petición enviada a la Procuraduría, para que investigue que están consumiendo agua de jagüey y los niños se están enfermando.
Lo único que nos interesa es que cumplan, ojalá puedan culminar el proyecto de estas plantas que están adjudicadas por la UNGRD
“Lo único que nos interesa es que cumplan, ojalá puedan culminar el proyecto de estas plantas que están adjudicadas por la UNGRD. Esto tiene más de un año, por orden del presidente Gustavo Petro desde septiembre de 2023 vinieron a tomar las coordenadas en cada punto. La UNGRD es la que debe responder por esas plantas, porque hay la plata asignada y se debe cumplir”, puntualizó Rodríguez.
Afirma que se han estado abasteciendo con agua potable a través del pilotaje Guía para la atención integral al pueblo wayú, que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en el que entrega agua y paquetes alimentarios a cada familia.
“Así sea agua en botellones o en bolsa, pero los operadores nos la traen para preparar los alimentos, porque no hay de donde sacar el agua. El acueducto de Uribia no abastece para darle agua a sus corregimientos, uno mete una carta y a los seis meses le dan respuesta”, agregó.
Aspecto del proyecto.
Foto:Comunidad
David explica que en ocasiones han recurrido a la compra de agua potable en carrotanques desde la cabecera municipal, ubicada a unas cuatro horas en épocas de sequía.
Un solo vehículo puede cobrar entre 600 mil y un millón de pesos, ya que el estado de las vías encarece el precio. “La gente no quiere ir, porque no tenemos vías de acceso y en invierno es peor”, precisa.
Por su parte, Julian Carreño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Estrella, corregimiento que alberga a más de 3.000 habitantes, manifestó la urgencia del agua potable.
Explica que en ocasiones tienen que trasladarse hasta el corregimiento de Nazareth, a una hora en carro, para abastecerse de agua, pero la planta no trabaja todo el tiempo por falta de combustible y la vía de acceso es muy mala.
Actualmente, se provisionan con el agua de jagüey. “Esa agua no es apta para el consumo humano, pero es la que se está consumiendo”, asegura Julián.
Más detalles del caso
Misael Gregorio Freyle, autoridad de la comunidad Piararau en Bahía Honda, compartió su frustración ante la falta de avances en el proyecto.
“El agua potable nos iba a solucionar muchas cosas: los niños ya no se morirían, la gente no tendría problemas de estómago y los animales tendrían agua para beber. Lo único que nos salva a nosotros son los huracanes que traen lluvias, porque si fuera por los ciclos normales, no tendríamos agua en dos o tres años”, dijo el hombre.
Nosotros como comunidades indígenas no tenemos nada que ver con ese tema de corrupción
Explica que se están abasteciendo con agua contaminada de jagüey, pero estos se secan rápido por la brisa y el sol.
“Nosotros como comunidades indígenas no tenemos nada que ver con ese tema de corrupción, a nosotros nos interesa la planta. Para eso están la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía, para que investiguen, nosotros estamos luchando para que el Gobierno nacional termine este proceso y que la planta funcione. De corrupción no sabemos nada por acá”, puntualizó.
En su momento, la UNGRD informó que las plantas desalinizadoras utilizarán tecnología de ósmosis inversa para separar la sal y otros contaminantes del agua de mar.
Cada planta tendrá una capacidad de producir 20 mil litros por hora, utilizando sistemas de recuperación de energía y generación autónoma fotovoltaica para asegurar un suministro constante y accesible para las comunidades.
Eliana Mejía Ospino
Especial para EL TIEMPO
Riohacha
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