Sigue el escándalo por las millonarias multas de tránsito que se han dejado de cobrar desde hace más de cinco años en Cali, con presunta participación de funcionarios de la secretaría de Movilidad del distrito.
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Es el escándalo de más de 50.000 multas por $ 12.000 millones que se exoneraron o fueron borradas de las bases de datos en esta dependencia.
En esta investigación que destapó la controversia en junio de 2024, la Fiscalía se refirió a la captura de una mujer y de cinco funcionarios, pero centrada, por ahora, en el no cobro de 516 multas a 336 ciudadanos. En algunos casos, los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron $ 103 millones.
La Fiscalía informó, además, que los presuntos servidores involucrados en el fraude, hoy capturados, fueron identificados, como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega. La mujer capturada fue identificada como Sandra Liliana Castañeda Reyes, judicializada por ser presunta integrante de la red delincuencial señalada de realizar trámites fraudulentos para evadir el pago de multas de tránsito en Cali.
Esta red habría operado con los cuestionados funcionarios de la secretaría de Movilidad de la ciudad y con la señora Castañeda, propietaria de un establecimiento de comercio.
Los funcionarios, detenidos a mediados del año, también son investigados desde 2018 por presuntamente exonerar el cobro de cerca de esas 50.000 multas, según datos entregados por la alcaldía de Cali. Solo en mayo de este 2024, la cifra de exoneraciones habría llegado a las 15.000 multas.
Ahora, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder adquisitivo, embargo y secuestro sobre un apartamento y un parqueadero que pertenecerían a Sandra Liliana Castañeda Reyes, judicializada por ser presunta integrante de una red delincuencial señalada de realizar trámites fraudulentos para evadir el pago de multas de tránsito en Cali (Valle del Cauca).
Según la Fiscalía, los inmuebles superarían en valor los $ 300 millones. "Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas desplegadas por la mujer, a través de un establecimiento de comercio que gestionaba las maniobras irregulares en los organismos de tránsito", se lee en un comunicado de la Fiscalía.
"Recientemente (en junio de 2024), Castañeda Reyes y otras personas, entre ellas, cinco funcionarios de la secretaría de Movilidad de Cali, fueron judicializadas por impedir que se cobraran 516 multas a 336 ciudadanos que habrían infringido las normas de tránsito (entre 2019 y 2023). Los servidores, al parecer, emitieron resoluciones revocatorias sin sustento alguno y a cambio de dinero", indicaron en la Fiscalía.
Los bienes afectados con fines de extinción de dominio fueron ocupados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cali. Quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos involucrados lograron recopilar elementos de prueba y evidencia física que dan "cuenta de la existencia de un entramado de corrupción conformado por funcionarios y particulares, que exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en Cali".
En el proceso, estos funcionarios y Castañeda deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes cumplen medida de aseguramiento en un centro carcelario.
En junio de este año, el secretario de Movilidad de Cali, Wílmer Tabares, informó sobre estas investigaciones y capturas de funcionarios, tres de los cuales, son de carrera administrativa en esta dependencia.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali